De acuerdo a un informe reciente de la Alianza para la Participación Ciudadana CIVICUS y la coalición global Publica lo que Paga, la lucha por la justicia en la minería se está haciendo cada vez más peligrosa mientras la democracia se va debilitando en el mundo. La solidaridad internacional es más necesaria que nunca: vivimos en un con cada vez más riesgos y en donde los valores autoritarios están en alza. La vida misma está siendo amenazada solo por expresar una voz de protesta. Tristemente, el activismo ambiental está siendo testigo del rápido deterioro de los pilares más fundamentales de la democracia.
Tras dos años de duras negociaciones por fin se ha alcanzado un acuerdo definitivo para regular el suministro responsable de minerales en conflicto. El pasado día 22, la Comisión, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea acordaron que las empresas que importen cuatro minerales concretos (el tantalio, el estaño, el wolframio y el oro) asociados a la financiación de conflictos armados, estarán obligadas a cumplir con los principios de la diligencia debida. De ese modo se pretende evitar que la actividad comercial de dichas empresas contribuya a las violaciones de derechos humanos en las zonas de extracción y tránsito.
