Vivimos en un mundo en el que el acceso a la justicia es desigual. Las empresas transnacionales gozan de toda una serie de garantías y salvaguardas legales que les permiten operar globalmente buscando maximizar sus beneficios. El capital puede moverse libremente y las empresas pueden desplazar su actividad allí donde las regulaciones medioambientales o laborales son más permisivas.
Desde Ingeniería Sin Fronteras, SETEM y Alboan llevamos años demandando una electrónica justa, debido a los graves impactos sociales y medioambientales que se producen a lo largo de todas las fases del ciclo de vida de un producto electrónico. Unidas lanzamos este nuevo vídeo centrado en la extracción de minerales, para seguir luchando por cambiar esta situación. Pero no estamos solas sino que junto a nosotras otras organizaciones trabajan también por ello, y entre todas unimos nuestras fuerzas con el fin de sensibilizar a la ciudadanía, fabricantes, instituciones políticas y administraciones públicas.
La centralidad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en nuestras sociedades es un hecho indiscutible. Lo era antes de la pandemia de COVID-19, pero en lo que llevamos de año hemos ido constatando esta realidad a diario. Las medidas de confinamiento adoptadas en los primeros meses de 2020 aceleraron la expansión y consolidación del teletrabajo, el comercio digital y, en general, toda la actividad online. Este giro hacia una sociedad digital es una apuesta de las instituciones que está transformando las organizaciones públicas y privadas, así como nuestra relación con ellas.
La 26º cumbre climática de la ONU, conocida como COP26, iba a tener lugar en Glasgow del 9 al 19 de noviembre de este año. Sin embargo, debido a la pandemia del Covid-19 fue pospuesta hasta 2021. A pesar del aplazamiento no hay dudas de que será un hito decisivo para el futuro de nuestro planeta. Esta es una década importante para la lucha contra el cambio climático, y el mundo necesita más que nunca una respuesta enérgica, que permita alcanzar los objetivos de reducción de emisiones propuestos en el Acuerdo de Paris, sin olvidarse del progreso social y económico de los países pobres, que son a menudo los más vulnerables a los efectos de la crisis climática y quienes menos contribuyen al calentamiento global.
Desde que lanzamos la campaña Tecnología Libre de Conflicto, allá por 2014, uno de nuestros objetivos ha sido el de abrir una conversación pública sobre el “lado oculto” de nuestros dispositivos electrónicos. Año tras año hemos ido exponiendo los diferentes impactos sociales del consumismo electrónico en las minas del este del Congo o Colombia, así como los impactos socioambientales de la tecnología.
Esta semana comienza en Ginebra la 6º ronda de negociaciones del Tratado Vinculante de NNUU sobre Empresas y Derechos Humanos, que tendrá lugar del 26 al 30 de octubre. Desde ALBOAN venimos haciendo seguimiento de este proceso a través del grupo de Trabajo sobre Regulaciones Corporativas e Industrias Extractivas de CIDSE, la familia de ONG católicas por la justicia social. Como hicimos el año pasado durante la quinta ronda de negociaciones, este año publicamos una nueva contribución conjunta que será presentada esta semana a las diferentes delegaciones nacionales que participan en las reuniones del grupo de trabajo intergubernamental.
A estas alturas de 2020, cuando el coronavirus es ya una realidad global, parece que se disipa el sentimiento de fraternidad que por un momento nos mantuvo unidos frente a una amenaza común. Como si de un espejismo se tratara, las voces que prometían “saldremos mejores” han dado paso a la incertidumbre y a las dudas que emergen de toda crisis: ¿Quiénes saldrán mejor? ¿Y quiénes serán los peor parados?
Desde la Campaña Tecnología Libre de Conflicto nos sentimos obligados a plantear estas preguntas con la mirada puesta en las realidades que hemos venido acompañando en el Sur Global. Porque esta crisis va a agravar situaciones que ya de por sí eran injustas y si no mantenemos vivo ese sentimiento de fraternidad en la búsqueda de soluciones, mucha gente se va a quedar atrás.
La pandemia del COVID-19 está teniendo efectos devastadores en todo el mundo, especialmente entre los excluidos de la sociedad, que son las personas y los grupos más vulnerables a esta enfermedad.
La Regulación Europea sobre el suministro responsable de estaño, tungsteno, tantalio y oro (conocidos como minerales 3TG por sus siglas en inglés) es un primer paso crucial para poner fin a las violaciones de derechos humanos en las cadenas de suministro. La Regulación Europea sobre suministro responsable de estaño, tungsteno, tantalio y oro procedentes de zonas en conflicto o de alto riesgo fue aprobada en 2017 y sus obligaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2021. Antes de esta fecha, los Estados miembro de la UE necesitan adoptar medidas pertinentes para asegurar la correcta implementación de la Regulación. Sin embargo, las primeras medidas que están siendo debatidas por los Estados miembro corren el riesgo de diluir la eficacia del Reglamento al ocultar la lista de empresas sujetas al mismo. Las organizaciones de la sociedad civil de toda Europa piden transparencia para garantizar que la diligencia debida sea efectiva y se protejan los derechos humanos.
Durante los últimos años, a través de la campaña Tecnología Libre de Conflicto, hemos sabido de la conexión que existe entre la violencia en la República Democrática del Congo y nuestros teléfonos móviles. Por desgracia Congo no es el único país donde esto ocurre.