Esta es la tercera de tres entradas sobre nuestro paso por el Mobile Social Congress

Tras una primera jornada dedicada a examinar los distintos tipos de violaciones de derechos humanos y laborales en las cadenas de suministro de la electrónica, el segundo día del Mobile Social Congress estuvo dedicado a reflexionar sobre las posibles soluciones a este complejo problema.

Concretamente, se exploraron dos vías de ejercer presión sobre las industrias electrónicas desde el lado de la ciudadanía: la contratación pública y el consumo responsable de electrónica.

El primero de los paneles de la tarde estuvo dedicado a explorar la contratación o compra pública ética como una herramienta para combatir la explotación laboral en las industrias electrónicas. Ese es el objetivo del Proyecto Make ICT Fair – Reforming Manufacture & Minerals Supply Chains through Policy, Finance & Public Procurement (‘Hagamos las TIC justas – Reformando las cadenas de suministro de la manufactura y los minerales a través de regulaciones, finanzas y compra pública’).

Peter Pawlicki, de Electronic Watch, una de las organizaciones promotoras de dicho proyecto explicó que lo que persiguen mediante el trabajo en red es unir a instituciones del sector público (mayormente ayuntamientos y universidades) de países europeos, entidades de la sociedad civil (ONG y sindicatos) de países fabricantes de tecnología y personas expertas en la defensa de los derechos laborales.

La cooperación entre las partes se traduce en la inclusión de cláusulas sociales en los contratos de las administraciones públicas, donde las empresas que quieran suministrar de TICs a ayuntamientos y universidades, se comprometen respetar determinados estándares laborales. Posteriormente, durante la duración del contrato, son organizaciones de la sociedad civil y sindicatos locales las que se encargan de vigilar su cumplimiento. En el marco del proyecto se han elaborado también una serie de mecanismos para dar respuesta a las posibles malas praxis que se puedan detectar mediante estas auditorías sociales realizadas desde el punto de vista de los trabajadores.

John Watt, del ICLEI, una red de gobiernos locales por la sostenibilidad, se centró en analizar de los diferentes criterios éticos y sociales que se pueden aplicar en la adquisición de productos electrónicos. “La compra pública”, afirmó, “mueve aproximadamente el 14-15% de media en los Estados miembro de la UE. Por eso cuando las instituciones públicas se comprometan a incluir criterios sociales o medioambientales, el mercado escucha. Y eso puede tener un impacto enorme en la vida de muchas personas”. Su exposición se centró en analizar la metodología para incluir dichas cláusulas de manera efectiva.

Cerraron este primer panel Kathleen Mc Caughey, experta en compra pública ética, y Carla Canal, de la Dirección de Justicia Global y Cooperación del Ayuntamiento de Barcelona. Ambas contaron su experiencia en la región de Estocolmo (Suecia) y en Barcelona con la introducción de este tipo de cláusulas desde las políticas de compra municipales.

Seguidamente, dio paso el segundo panel de la tarde dedicado a poner en común experiencias de reparación y reciclaje de productos electrónicos desde la economía solidaria, las empresas y el sector público. Mireia Roura, de eReuse, y Marisa Gliosca, de Andromines, expusieron el trabajo que realizan para promover una forma alternativa de consumir electrónica.

La primera de estas organizaciones tiene por objetivo promover la reutilización de dispositivos electrónicos, tratando de prolongar su vida útil al máximo posible. La segunda, por otro lado, es una empresa de inserción social que trabaja con personas en riesgo de exclusión. A través de la formación y el acompañamiento se han especializado en la recogida, recuperación y reciclaje de productos electrónicos, tratando de fomentar la economía circular.

Para cerrar el panel, contaron con la presencia de Fairphone, la empresa holandesa que se ha dado a conocer por fabricar un modelo de smartphone modular, que destaca por cumplir los estándares éticos y medioambientales más exigentes en el sector. Se trata de un proyecto pionero que en muchos aspectos muestra que no sólo es deseable sino también posible apostar por una “tecnología responsable”.

En paralelo a estos paneles temáticos se desarrollaron tres talleres prácticos focalizados en el uso responsable de smartphones, la creación de sistemas de almacenamiento en la nube desde la perspectiva de los bienes comunes, y las guerras por el control de los datos. Tres temas que sin duda son claves para repensar nuestra relación con la tecnología.

Desde ALBOAN queremos sumarnos a la generación de una demanda de tecnología responsable desde la ciudadanía. Por eso hemos lanzado una recogida de firmas que nos permita iniciar una conversación con los ayuntamientos sobre lo que entendemos por “tecnología responsable”.

Puedes sumar tu firma pinchando en este enlace.