El lunes de la semana que viene el pleno del Parlamento Europeo debatirá el Informe del Comité de Asuntos Jurídicos sobre la diligencia debida de las empresas (2020/2129). Este es un informe que propone diferentes disposiciones legales para asegurar la responsabilidad de las empresas a la hora de identificar, evaluar, prevenir y mitigar los riesgos asociados a violaciones de derechos humanos y daños medioambientales en sus cadenas de suministro. También aborda el acceso a la justicia de aquellas personas y comunidades que hayan sufrido dichos abusos por parte de empresas europeas fuera de Europa. 

La demanda de legislaciones empresariales de este tipo viene de colectivos diversos que coinciden en señalar la opacidad y la escasa rendición de cuentas que existe actualmente en las cadenas de valor. Esta preocupación ha sido expresada recientemente por más de 230 cardenales y obispos católicos, más de 100 grupos de la sociedad civil, casi un centenar de empresas alemanas y casi 900.000 ciudadanos. El pasado mes de enero, Alboan se sumó a la campaña para participar en la consulta sobre la ley. 

Tras el debate de este lunes y la incorporación de las correspondientes enmiendas el martes, el informe será enviado el próximo miércoles a la Comisión para que, a partir del mandato del Parlamento, trabaje en un primer borrador de la futura ley europea sobre diligencia debida y rendición de cuentas empresarial. Es entonces cuando se pondrá en marcha el proceso legislativo. 

Desde el grupo de trabajo de CIDSE sobre industrias extractivas y regulaciones corporativas, junto con la Red de Entidades por el Desarrollo Solidario (REDES), hemos enviado hoy cartas a los representantes españoles en la eurocámara, instándolos a votar a favor del informe y en apoyo al proceso legislativo.

El deterioro del clima, el colapso de la biodiversidad, la erosión de los derechos de los trabajadores y de los sindicatos, las desigualdades de género, la creciente pobreza, el trabajo forzoso y los asesinatos de defensores del medio ambiente de la tierra exigen una acción inmediata, y la UE tiene la oportunidad de liderar una recuperación mundial abordando el papel que los abusos de las empresas han desempeñado en la perpetuación de estas desigualdades. Esperamos que la Comisión, en su próxima propuesta legislativa, garantice que abarca a todas las empresas y que las obligaciones se apliquen a toda la cadena de valor. También es necesario que establezcan un régimen de responsabilidad civil con disposiciones sólidas que faciliten el acceso a la justicia de las víctimas de los abusos empresariales y que consideren la posibilidad de exigir responsabilidades penales o instrumentos equivalentes.

Es hora de poner fin a una forma de hacer negocios que antepone el beneficio a corto plazo al respeto de los derechos humanos y el cuidado de la casa común. Nuestros representantes electos en el Parlamento Europeo no deben dejar pasar esta oportunidad para dejarlo claro.   

El plenario del lunes 8 se puede ver en directo aquí. 

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