Desde que se produjera el golpe de Estado en Honduras en junio de 2009 se ha desplegado en el país una política económica basada en el extractivismo y en la explotación de los bienes naturales comunes de los pueblos indígenas, afrodescendientes y población campesina.

Si bien el equipo de ERIC-Radio Progreso y  otras organizaciones habían logrado desde 2004 que se cancelaran permisos de explotación y exploración minera -e incluso se acarició la posibilidad de que se aprobara  una ley que prohibiera la explotación de minería metálica y el uso de sustancias químicas en el país- tras el golpe de estado de 2009 en sólo seis meses el gobierno interino aprobó 48 proyectos de concesiones hidroeléctricas para la generación de energía y privatización de ríos.

Posteriormente en 2013 entra en vigor una nueva Ley de Minería. Desde entonces han sido aprobados 384 proyectos mineros, se han otorgado 850 títulos mineros, y el gobierno ha delimitado 950 zonas de reserva minera con la colaboración de la agencia de cooperación alemana, GIZ, que llevó a cabo un estudio para identificar todas las cuencas existentes en el país.

En materia de represas se han aprobado 48 proyectos de envergadura y otros 123 más pequeños. También se han concesionado territorios para la construcción de parques de energía solar y eólica. Pero lo realmente grave de todo esto es que cada uno de estos proyectos implica una fase de despojo  a las comunidades a las que se les están quitando la tierra donde cultivaban, los ríos, sus fuentes de agua, sus zonas de pesca.

Al mismo tiempo se está incrementando el cultivo de palma africana para  la producción de agrocombustible. En Honduras existen al menos 300.000 hectáreas de cultivo de palma africana. Los árboles de la palma consumen muchísima agua (cada hectárea puede tener cerca de 200 árboles con un consumo diario de 25 litros). Esto significa que estas plantaciones consumen a diario la misma cantidad de agua que consumirían 18 millones de personas en un país con una población de 8 millones de habitantes, con lo que se están generando problemas de abastecimiento de agua dulce ya que las fuentes están desapareciendo y las comunidades no pueden cultivar.

Tampoco puede obviarse otra cuestión: el desarrollo turístico que afecta a las poblaciones que viven en la costa, sobre todo en la costa Caribe, donde grandes corporaciones europeas, estadounidenses y canadienses han puesto sus ojos para construir complejos turísticos destinados al público extranjero.