De acuerdo a un informe reciente de la Alianza para la Participación Ciudadana CIVICUS y la coalición global Publica lo que Paga, la lucha por la justicia en la minería se está haciendo cada vez más peligrosa mientras la democracia se va debilitando en el mundo. La solidaridad internacional es más necesaria que nunca: vivimos en un con cada vez más riesgos y en donde los valores autoritarios están en alza. La vida misma está siendo amenazada solo por expresar una voz de protesta. Tristemente, el activismo ambiental está siendo testigo del rápido deterioro de los pilares más fundamentales de la democracia.
Justicia en minería: cada vez más peligroso
La cruda realidad es que 185 activistas ambientales fueron asesinados en 2015, el número más alto desde 2010, cuando se documentaron 88 asesinatos. Aproximadamente el 40% de los asesinados eran indígenas y en el 42% de los casos se trataba de cuestiones vinculadas a la minería y el 20% en la agroindustria. Los países con los peores registros son: Brasil (22), Filipinas (33), Colombia (26), Peru (12), Nicaragua (12), la República Democrática de Congo (11), Guatemala (10) y Honduras (8). La mayoría de los asesinatos ocurrieron en oscuras circunstancias en completa indefensión de las víctimas. La impunidad es rampante, la investigación criminal lenta y en pocas ocasiones son apresados los autores intelectuales y materiales de los asesinatos.
El debilitamiento de la democracia
La democracia se debilita al mismo tiempo que el espacio cívico para tener voz se reduce. En la última década, 109 gobiernos han impuesto serias limitaciones a las libertades de asociación, expresión y asamblea pacífica. Los gobiernos están aprobando legislaciones que obstruyen el registro, el financiamiento y las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y las ONG. Está ocurriendo en lugares como Ecuador, India, Azerbayán, Guinea, Congo, Australia y Canada. Se aprueban reformas para permitir una vigilancia más autoritaria de la protesta y el activismo legítimo está siendo criminalizado a través del sistema judicial.
Los activistas están siendo vilipendiados como anti-desarrrollo, ecoterroristas o agentes del imperio americano o de cualquier otro imperialismo extranjero. Están siendo puestos bajo vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad y de inteligencia de los países. La opinión pública están siendo manipulada para pensar que aquellos que se oponen a los proyectos son una minoría que se opone al bien mayor de la nación. Sin embargo, lo que hay detrás es una historia más compleja.
Tras las cortinas
A pesar de los grandes avances tecnológicos que han ocurridos en los últimos 25 años, el mundo tiene hambre de recursos naturales. Represas, plantaciones, refinerías y minas forman parte de la economía y la sociedad que nos une a todas las personas. Detrás de las cortinas de nuestra sofisticada economía del conocimiento se encuentra un mundo lleno de conflictos materiales y relaciones asimétricas de poder en contextos políticos enfangados.
Por un lado, se distinguen dos motivaciones básicas para el activísimo ambiental:
- una oposición total a cualquier proyecto que pone en riesgo los medios de vida de la gente
- una oposición a los altos costes asociados a la explotación, que normalmente viene acompañada de una demanda por unas mejores condiciones de negociación, buen gobierno y escrutinio público efectivo.
Por otro lado, las motivaciones para par represión están enraizadas en el hecho de que la minería y las actividades extractivas en general son negocios riesgosos pero también lucrativos, donde los intereses económicos y políticos de las élites gobernantes se ven entremezclados. La asimetría de poder predomina en el mundo de la minería y esto hace frágil a la democracia.
¿Desde dónde posicionarse?
De acuerdo a CIVICUS y Publica lo que Paga, la solidaridad internacional va a ser más necesaria que nunca para proteger las voces y las vidas de aquellas que apelan por la justicia en minería. La sociedad civil necesita desarrollar mecanismos rápidos de protección mutua, en un contexto en que la explotación de los recursos se intensifica y los valores autoritarios están en alza. Los gobiernos y las corporaciones deberían respetar las legislaciones nacionales e internacionales y los estándares y mejores prácticas que ellos mismos han firmado.
Los tres (sociedad civil, gobiernos, y corporaciones) deberíamos posicionarnos del lado de la democracia.
Alicia Aleman Arrastio
Marzo 2017