ALBOAN en el Parlamento europeo

«La decisión adoptada hoy deja a las compañías que importan minerales en sus productos completamente libres de culpa. Es un tímido intento para hacer frente al comercio de minerales en conflicto que sólo exigirá controles básicos a las empresas que importen materiales en bruto»

A pesar de su retórica sobre la responsabilidad empresarial, Europa ha priorizado el beneficio sobre la gente, eso dicen las organizaciones de la sociedad civil después de que las instituciones de la Unión Europea (UE) llegasen a un acuerdo sobre la nueva ley que tratará de abordar el comercio europeo de minerales en conflicto.

La extracción y la comercialización de minerales se ha asociado a conflictos y violaciones de derechos humanos en todo el mundo. La UE es uno de los principales destinos para los minerales, con empresas que los introducen en el mercado europeo tanto en bruto como en productos de uso cotidiano, desde ordenadores y teléfonos móviles hasta motores y joyería.

Tras meses de negociaciones, las instituciones europeas han alcanzado un acuerdo sobre una ley diseñada para asegurar que los minerales que entran en la UE se han obtenido de manera responsable y sin financiar conflictos o violaciones de derechos humanos. El acuerdo representa un primer paso en la dirección correcta, pero la ley corre el riesgo de quedarse corta para alcanzar su objetivo. Los decisores políticos de la UE han cedido a las demandas de las grandes empresas al eximir a la gran mayoría de empresas europeas que comercian con minerales de la ley.

«La decisión adoptada hoy deja a las compañías que importan minerales en sus productos completamente libres de culpa. Es un tímido intento para hacer frente al comercio de minerales en conflicto que sólo exigirá controles básicos a las empresas que importen materiales en bruto», dice Iverna McGowan, Responsable de la Oficina de Instituciones Europeas de Amnistía Internacional. «La Unión Europea tiene obligaciones internacionales para proteger los derechos humanos, pero se quedó a medio camino para cumplirlas. Los inversores y consumidores europeos todavía no tendrán certidumbre alguna de que las empresas con las que están tratando se están comportando de manera responsable. Esta ley cambiará poco, muy poco.»

Al aceptar eximir a estas empresas de la ley, la UE ha confiado en la esperanza de que las empresas elijan suministrarse de manera responsable sin que se les requiera hacer tal cosa. Esto se ha intentado antes, mediante normas voluntarias. Éstas han tenido un impacto mínimo, porque todavía son muy pocas las empresas que están dando pasos para comprobar si existen riesgos asociados a los conflictos o las violaciones de los derechos humanos en sus cadenas de suministro.

«Aunque reconocemos los esfuerzos de quienes, especialmente dentro del Parlamento, han luchado por una Europa en la que “hacer negocios” signifique hacer negocios responsables», dice Michael Gibbs de Global Witness, «estamos descontentos con que la UE no haya acompañado sus palabras a la par con la acción. Con las leyes europeas quedándose por detrás de las de otros países, la Unión Europea está convirtiéndose rápidamente en el eslabón débil de la cadena de suministros de minerales. Aunque este es un paso importante, la UE debería haber ido mucho más lejos para haber aprovechado al máximo la oportunidad única para marcar realmente la diferencia.»

El acuerdo promete una revisión de la efectividad de la ley a los pocos años de su aplicación.

«Esta ley sólo puede ser un primer paso. Debe implementarse rápidamente para que pueda extenderse pronto a las compañías que importan estos minerales como parte de productos manufacturados», dijo Maria van der Heide de ActionAid. «Las comunidades que viven en zonas de conflicto o en alto riesgo de padecerlo sólo serán capaces de beneficiarse de la riqueza de sus recursos y sólo podrán liberarse del ciclo de violencia relacionado con el comercio de minerales en conflicto si las empresas adoptan prácticas de suministro responsable a lo largo de toda la cadena de suministro».

Las comunidades que continúan cargando con el coste del comercio irresponsable, así como las organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo, estaremos pendientes de que los gobiernos europeos demuestren que la ley cumple con su promesa de asegurar que las empresas europeas se suministran de manera responsable. Sólo entonces Europa y sus empresas serán parte del progreso global para hacer las cadenas de suministro de minerales más transparentes, responsables y sostenibles.

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El objetivo de las normativas internacionales no es disuadir a las empresas de que se abastezcan de minerales procedentes de zonas inestables o en alto riesgo de conflicto. Más bien, pretenden animar a las compañías a hacerlo con los niveles apropiados de precaución y vigilancia. Sin embargo, los decisores políticos de la UE han optado por desarrollar una lista indicativa de zonas en conflicto o en alto riesgo de padecerlo, exponiéndose a que surjan distorsiones en el mercado y omitiendo los riesgos que surjan fuera de dichas áreas.

Además de limitar el número de empresas cubiertas por la ley a unos pocos cientos, los Estados miembros de la UE también han buscado externalizar su responsabilidad en el cumplimiento de la ley al situar las iniciativas de la industria privada en el centro de la ley. Las empresas que se adhieran a esquemas industriales reconocidos serán consideradas automáticamente como conformes a la ley y las autoridades competentes asumirán que tienen “bajo riesgo”.

Basándose en este acuerdo político, las tres instituciones continuarán las negociaciones relativas a la implementación técnica. Se espera que este proceso dure todavía varios meses.

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