¿Qué pasa en Colombia?
Las consecuencias de nuestro consumo desaforado se sufren también en Colombia. En esta ocasión uno de los minerales en conflicto es el oro.
Se trata de un metal precioso presente en joyas, lingotes y en aparatos tecnológicos, como el teléfono móvil. El oro se utiliza en los circuitos impresos, que son las placas donde van unidos los microchips. Cada año se fabrican 1.500 millones de smartphones en el mundo para lo que se necesitan alrededor de 37.000 kilos de oro.
La lucha por su explotación y control provoca violencia y el desplazamiento de comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y cientos de asesinatos de líderes comunitarios.
La extracción de Oro en Colombia provoca el desplazamiento de pueblos indígenas de su territorio
Desde la firma de los acuerdos de paz en el año 2016, los modelos económicos extractivistas legales e ilegales han ido ganando terreno en Colombia, dejando al margen a la población de las zonas rurales para favorecer la agroindustria de la caña de azúcar, los cultivos de coca y la extracción de recursos no renovables como el oro.
Estas actividades entran en conflicto con las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas que habitan las regiones mineras provocando el desplazamiento forzado de la población, unido a explotación y violencia sexual, trabajo forzoso en condiciones de semi-esclavitud, asesinatos, tráfico de personas y contaminación del medioambiente.
Los grupos indígenas y afrodescendientes se han convertido en las principales víctimas de este modelo en la medida en que habitan los territorios con mayor riqueza por su biodiversidad, recursos bio-energéticos y mineros. Esto ha provocado el desplazamiento forzado de la población, aunque este fenómeno y sus víctimas no sean reconocidas por el Estado.
En Colombia se estima que el 80% de la producción nacional de oro es ilegal. Al ser un tipo de minería informal y carecer de regulación, la actividad favorece la injerencia de grupos criminales. Además de un medio para financiarse, estos grupos han encontrado en el oro un producto de contrabando y una manera de blanquear capitales.
Los defensores y defensoras de derechos a la tierra, el territorio y el medio ambiente que denuncian esta situación no sólo son objeto de acoso judicial, prohibiciones de viaje, vigilancia ilegal, amenazas y hostigamientos, sino que son también víctimas de ataques violentos, desaparición forzada, acoso sexual, amenazas a la familia y chantaje. Sus manifestaciones pacíficas suelen ser reprimidas por la fuerza.
Actualmente y tras los acuerdos de paz de 2016, se esperaría unas condiciones diferentes para los pueblos indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, cerca de 400 líderes sociales, según el programa no gubernamental “Somos Defensores”, han sido asesinados desde el 2016. Y como siempre las mujeres son las que se llevan la peor parte. A los hombres se les asesina, pero a las mujeres antes de ser asesinadas se las tortura y se abusa sexualmente de ellas.
Colombia es el país del mundo con mayor número de personas desplazadas internas. Casi 8 millones, datos ACNUR, se han visto forzadas a abandonar su hogar por culpa de la violencia.
Para ampliar información puedes consultar la investigación: “Minería de oro y comunidades locales de Córdoba en Colombia. El caso de la mina El Alacrán” (disponible para descargar en tres idiomas: ES – EUS – ENG) y el vídeo “Lo que el oro de tu móvil esconde”:
Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, una brecha que es aún mayor entre la población que habita en las ciudades y la que reside en el campo.
En los territorios rurales habitados mayoritariamente por población afrodescendiente e indígena tienen los peores indicadores de calidad de vida. En 2017 el índice de necesidades básicas insatisfechas para Colombia era de 27%, mientras que para algunas ciudades con población afro e indígena llegaba al 89%.
El Estado ha impulsado un modelo económico extractivista que va en aumento. Entre 2002 y 2015 el otorgamiento de licencias de explotación de hidrocarburos y títulos mineros, ha pasado de 1,1 millones de hectáreas a 4,9 millones.
Los proyectos extractivistas ponen en riesgo la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas. Cuando las comunidades rechazan actividades extractivas quedan expuestos a todo tipo de amenazas de grupos armados presentes en su territorio y al asesinato de las personas líderes de las comunidades.
Además, no son tenidos en cuenta en los espacios de toma de decisión, ni en el planteamiento de sus problemas y necesidades, ni en la definición de posibles alternativas ante las instancias del Estado. Los grupos medianamente organizados no saben hacia dónde dirigir sus inquietudes y demandas y terminan siendo instrumentalizados con fines económicos o electorales.
El trabajo de ALBOAN en Colombia
Desde ALBOAN trabajamos en varias iniciativas para poner freno a tanta violencia:
- apoyamos, junto con el Centro de Investigación y Educación Popular-Programa por la Paz a población indígena y afrocolombiana de la Sierra Nevada de Santa Marta, Cartagena y el sur de La Guajira en la defensa y promoción de sus derechos mediante:
- el fortalecimiento de sus capacidades organizativas y de incidencia en los procesos de acceso y defensa de su tierra y de su propia identidad
- la articulación entre el sector educativo y organizativo para la construcción conjunta de propuestas que promuevan y exijan sus derechos
- el empoderamiento de las mujeres, para que puedan incorporarse en condiciones de igualdad a los espacios de participación e incidencia
- apoyamos al Servicio Jesuita a Refugiados en la atención a las personas desplazadas y refugiadas por este conflicto mediante apoyo económico, asesoramiento jurídico y formación
- trabajamos junto a otras organizaciones locales, como el Instituto Mayor Campesino en el Valle del Cauca, en procesos de construcción de paz basados en propuestas de desarrollo alternativas, como el cultivo orgánico del café
- denunciamos mediante nuestra participación en redes internacionales, como el «Justice in Mining«, estas situaciones y contribuimos en la formulación de propuestas viables para: regular el comercio de estos minerales, evitar que los grupos armados se financien con su venta y conseguir el cese de la violencia hacia líderes sociales.
Para conseguir estos objetivos es imprescindible el compromiso de la ciudadanía mediante su apoyo económico y su participación en campañas de recogida de firmas como la de compra pública responsable de tecnología o la que persigue incidir en una regulación europea que obligue a las empresa a informar del origen de los minerales utilizados en sus cadenas de suministros.