La extracción y el comercio ilícito de minerales provenientes de zonas de conflicto, como el Este de la República Democrática del Congo, tienen devastadores efectos sobre la población local. Las luchas entre diferentes grupos armados por el control de estos recursos a menudo es la fuente todo tipo de violaciones de los Derechos Humanos. Hace ya más de dos años que, en ALBOAN, decidimos implicarnos en la denuncia de este mortífero vínculo a través de nuestra campaña Tecnología Libre de Conflictos.
Allá por 2014, la Comisión Europea anunció su compromiso para regular el comercio de “minerales en conflicto” con vistas a mejorar la transparencia de las empresas que comercializan cadenas de suministro que abastecen a las industrias (electrónica, aeronáutica y automovilística) de estos minerales. Desde entonces hemos venido haciendo el seguimiento de este proceso legislativo, trabajando conjuntamente con más de 80 ONG europeas, nacionales e internacionales, en una campaña global para dar a conocer esta problemática a la ciudadanía y abrir un debate público sobre nuestra responsabilidad individual y colectiva en la búsqueda de soluciones.
Tras el esperanzador resultado de las votaciones del Parlamento Europeo, celebradas el pasado 20 de mayo de 2015, las negociaciones pasaron al grupo de trabajo del Consejo de la Unión Europea, donde están representados los diferentes Estados Miembros. Desafortunadamente, el posicionamiento del Consejo, acordado a mediados de diciembre del año pasado, ha supuesto un paso atrás respecto al contenido (es decir, las exigencias que han de cumplir las empresas para ser consideradas “responsables”) y el alcance de la ley (el número de compañías que se verían afectadas).
Con el inicio de este año, las negociaciones entraron en su recta final. Recientemente se ha iniciado el dialogo a tres bandas entre las tres instancias con poder decisorio sobre la futura legislación: la Comisión, el Parlamento europeo y el Consejo de la Unión Europea. Antes del verano de 2016 está previsto que lleguen a un acuerdo sobre el texto final de la ley.
Por ese motivo, desde la coalición de ONG europeas pedimos a nuestros líderes políticos que reconsideren su postura y retomen el liderazgo en esta materia apoyando un sistema de diligencia debida obligatorio, en sintonía con los estándares marcados por la OCDE, para todas las empresas que participan en la cadena de suministro de los minerales cubiertos por la ley. En el siguiente documento se exponen con mayor detalle nuestros posicionamientos.