¿Qué es Tecnología Libre de Conflicto?

Tecnología Libre de Conflicto es una campaña de la ONG ALBOAN para dar a conocer la conexión que existe entre los móviles, tablets y ordenadores con la guerra en el este de la República Democrática del Congo.

Al mismo tiempo nos plantea propuestas de colaboración al alcance de la mano para contribuir a terminar con la violencia.

• En 2017 contribuimos a que la Unión Europea aprobase una legislación para promover el suministro responsable de minerales en conflicto. Es una buena noticia, pero no es suficiente. Afecta sólo a los importadores de mineral en bruto o procesado y hasta el 1 de enero de 2021 no se hará efectiva.
  Por eso para romper el vínculo entre tecnología y violaciones de derechos humanos necesitamos nuevamente tu firma.
  Necesitamos tu apoyo para que los Ayuntamientos incorporen criterios de compra responsable de dispositivos electrónicos.

 

 

• Recicla tu móvil. El reciclaje y reutilización es una alternativa que contribuye a reducir la necesidad de extracción de minerales.
• Difunde la campaña. Cuantas más personas nos sumemos más fuerte se escuchará nuestra voz. Comparte.
• Colabora económicamente. Dona o hazte socio/a. Con tu ayuda podemos dar respuesta a este drama humano. Por ejemplo, con 10 € podemos comprar un kit escolar, con 30 € una ración de comida para una familia y con 600 € equipar toda una escuela con los materiales necesarios
• Fórmate.

Regular el comercio de minerales en conflicto.

La presión sobre los recursos naturales ha ido creciendo en las últimas décadas, fruto de la globalización económica y del incremento de los niveles de consumo en todo el planeta. Las luchas por el control de esos recursos en zonas políticamente inestables, como Colombia, Honduras o la República Democrática del Congo, a menudo incrementan la violación de los derechos humanos de la población local.

ALBOAN, junto a otras organizaciones de la sociedad civil articuladas en redes internacionales, venimos demandando una regulación del comercio de minerales procedentes de zonas en conflicto. En la actualidad existen algunas normativas internacionales que proponen principios éticos para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas. Nuestro desafío es convertir esos principios de cumplimiento voluntario en leyes obligatorias.

¿Qué dicen las normativas internacionales?

Las Naciones Unidas

Para poner fin a esta situación, la Organización de las Naciones Unidas aprobó, en el año 2011, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que establecen:

• El DEBER de los Estados de PROTEGER los derechos humanos dentro de su jurisdicción.
• La OBLIGACIÓN de las Empresas de RESPETAR los derechos humanos allí donde trabajen.
• La NECESIDAD de mejorar el acceso a la REPARACIÓN de las víctimas de abusos relacionados con las empresas.

Se trata del marco de referencia global para definir las responsabilidades colectivas a la hora de “proteger, respetar y remediar” los derechos humanos. La principal novedad de este esquema es que por primera vez incluye a las empresas, y no sólo a los Estados o la comunidad internacional, como sujetos de obligaciones y responsabilidades en relación con los derechos humanos.

El principal problema que presenta el marco normativo de los Principios Rectores, no obstante, es su falta de eficacia. Al fundamentarse en una concepción voluntarista de la responsabilidad empresarial, son las propias empresas las que deciden cuándo y cómo ejercen su responsabilidad en relación con los derechos humanos. Mientras tanto, las violaciones y los crímenes vinculados a las actividades comerciales y a la opacidad de las cadenas de suministro se han seguido produciendo.

Por eso, desde la campaña Tecnología Libre de Conflicto hemos decidido sumarnos a la Alianza Global para pedir a las Naciones Unidas un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos. Los objetivos que persigue este movimiento son los siguientes: poner fin a la impunidad de las grandes empresas transnacionales; facilitar el acceso a la reparación y la justicia de las víctimas de los abusos cometidos por la acción de estas empresas y, por último, promover la transparencia y la diligencia debida de las cadenas de suministro globales. Aquí lo explicamos.

La Guía de la Diligencia Debida de la OCDE

La Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo es el primer ejemplo de una iniciativa gubernamental y multilateral colaborativa sobre la gestión responsable de las cadenas de suministro de los minerales procedentes de las áreas de conflicto. La Guía recomienda a las empresas llevar a cabo una serie de pasos para mejorar la transparencia de sus cadenas de suministro de minerales. Se centra en cuatro minerales concretos: estaño, tantalio, tungsteno y oro. Pero sus recomendaciones son igualmente aplicables a otros minerales que también se extraen de zonas conflictivas (cobalto, uranio, etc.).

¿Y cómo se traducen estas normativas en leyes?

 

En EE.UU ☺

La Ley de reforma de Wall Street aprobada en 2010 en Estados Unidos, también conocida como la Ley Dodd-Frank, contiene un apartado, la sección 1502, que regula el comercio de los cuatro minerales a los que hace referencia la Guía de la OCDE (tantalio, estaño, wolframio y oro). El alcance geográfico de la ley se restringe al comercio de estos cuatro minerales provenientes de la República Democrática del Congo (RDC) o sus países vecinos. Pero es obligatoria para todas las empresas estadounidenses que empleen estos minerales y coticen en bolsa.

La Dodd-Frank ha tenido un impacto positivo en varios sentidos. En primer lugar, porque ha elevado el nivel de concienciación sobre la vinculación existente entre conflicto y explotación de minerales. En segundo lugar, porque ha demostrado que las empresas pueden hacer esfuerzos razonables para mejorar la transparencia en su cadena de suministros, aunque como han señalado algunos informes, todavía quede camino por recorrer. (Informe de Amnistía y Global Witness).Y, por último, porque sobre el terreno dificulta la financiación de los grupos armados a través de las explotaciones mineras.

En Europa ☹

Después de tres años de intensas negociaciones, el pasado marzo de 2017 la Unión Europea aprobó la Regulación 2017/821 sobre suministro responsable de minerales en conflicto. Cubre los mismos minerales que la ley estadounidense (es decir, los denominados 3TG: estaño, tantalio, tungsteno y oro), pero tiene una ventaja y es que su alcance será global: afectará a los minerales procedentes de cualquier zona en conflicto, no sólo de los que vienen de la región africana de los grandes lagos. Esto es positivo porque existen muchas otras regiones en conflicto en países como Colombia, Afganistán, Myanmar u Honduras, donde la extracción de minerales está ligada a la financiación de grupos armados y crimen organizado.

El contrapunto a esta buena noticia es que la regulación europea afectará sólo a los importadores directos de mineral. Es decir, dejará fuera de su alcance a las empresas que importan componentes electrónicos y aparatos manufacturados con dichos componentes, como sucede con los ordenadores, móviles, tablets, etc.

Por eso es necesario seguir recabando apoyos para pedir a las empresas que se sumen a las iniciativas de suministro responsable; a la UE para que implemente la legislación y las medidas de acompañamiento necesarias para mejorar su impacto sobre el terreno; y a las administraciones públicas para que introduzcan criterios de contratación responsable en sus compras de dispositivos electrónicos.

Firma y difunde nuestra petición por una Tecnología Libre de Conflicto.

Otros modos de colaborar:

• Compartiendo y dando difusión a la campaña en tus redes sociales.
  • en facebook.
  • en twitter.
  • en google plus.
  • en linkedin.
• Sumándote a la campaña de recogida y reciclaje de teléfonos móviles.
• Recogiendo fondos para apoyar proyectos de Acción Humanitaria en la región a favor de las personas desplazadas y refugiadas como consecuencia del conflicto en R.D.Congo.
• Formándote más, o si eres educador o educadora, llevando la campaña a tu grupo o centro educativo. Para ello conoce nuestros materiales educativos.

 

Quiero saber más

1. El precio real de un móvil

Además del económico, los móviles tienen costes sociales y medioambientales que no se trasladan al precio.

Un móvil estándar contiene entre 500 y 1.000 componentes distintos. La extracción y procesamiento de estos componentes generan unos 75 kg de desperdicios por teléfono. Algunos de estos elementos son  recursos caros y escasos, y están relacionados con abusos sociales y medioambientales.

Un ejemplo de ello es la obtención del tantalio, que se extrae del mineral llamado coltán. El 80% de las reservas mundiales de este mineral se encuentran en el este del Congo y su explotación está ligada a la violación de derechos humanos, la destrucción del medioambiente y la financiación de los conflictos existentes en la región.

En Europa se renueva cada año alrededor del 40% del parque de móviles existentes, alrededor de 18 millones de móviles sólo en España. Mientras la vida útil de un aparato es de unos 10 años, batería aparte, el tiempo medio de utilización se sitúa entre el año y medio y los dos años y medio.

Esta renovación excesiva se debe a diferentes causas: la presión publicitaria, las modas y cambios estéticos o la introducción continua de nuevas funcionalidades. Además, el elevado precio de las reparaciones y de la compra de componentes dañados o la falta de posibilidad de reprogramar los teléfonos con nuevas funcionalidades potencian aún más su sustitución. Hacer un uso responsable de los móviles, alargando su vida útil, puede contribuir a la reducción del impacto que tiene la extracción de mineral en el Congo.

Pero además del coste medioambiental y social de su producción y de la renovación excesiva de aparatos, existe un tercer problema: el del volumen y la toxicidad de los residuos electrónicos.

Para hacernos una idea de la dimensión del problema, podemos señalar que en Europa, por término medio, cada habitante produce unos 14 kg de residuos electrónicos al año. A pesar de estar prohibido por la convención de Basilea, muchos de estos residuos son enviados a países de África y Asia como si fueran productos para el mercado de segunda mano, y acaban en grandes vertederos de basura tecnológica. Estos vertederos destruyen el medio ambiente y tienen graves consecuencias para las poblaciones que los acogen, destruyendo sus medios de vida y su salud.

2. Acompañar y defender los derechos de las personas desplazadas y refugiadas en Congo

Los proyectos de ALBOAN y el Servicio Jesuita a Refugiados.

El este de la República Democrática del Congo se ha sumergido en una crisis humanitaria, social, política y económica que no hace más que aumentar año tras año y que cuenta con la implicación de un gran número de grupos militares y rebeldes armados, locales y regionales que luchan por controlar los recursos naturales y minerales de la zona. En este contexto de inseguridad e inestabilidad, las poblaciones de la provincia de Kivu Norte, en el este del Congo, no hacen otra cosa que desplazarse huyendo de la violencia.

En septiembre de 2013, se estimaba que más de 2 millones de personas habían abandonado sus casas. Muchas de ellas sobreviven en asentamientos espontáneos desprovistas de ayuda humanitaria al carecer del reconocimiento y el apoyo oficial de las agencias de Naciones Unidas.

Estas personas desplazadas atraviesan situaciones precarias y extremadamente difíciles: carencias alimenticias, falta de ingresos económicos, falta de acceso a la educación, traumas psicológicos relacionados con los múltiples desplazamientos y la violencia sufrida y dificultad para construir una vida en condiciones de seguridad, entre otras.

Mujeres desplazadas

Educación de jóvenes y adolescentes

ALBOAN, la ONG de los Jesuitas en Euskadi y Navarra, apoya la intervención del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) en Goma, la capital de Kivu Norte, tratando de responder a todas estas necesidades. Para ello atiende a cerca de 156.000 personas agrupadas en siete campamentos.

En estos emplazamientos el JRS ofrece a la población desplazada servicios diversos. Ayuda alimentaria y materiales de emergencia como mantas y lonas para la construcción de chozas. También se encarga de la educación en los campamentos equipando escuelas de secundaria para acoger al alumnado desplazado, llevando a cabo actividades de sensibilización entre los padres y madres para que envíen a los menores a clase y formando al profesorado. Otro servicio a destacar es el apoyo psicosocial a las personas que han sufrido los traumas como consecuencia de la violencia y el desplazamiento. Especialmente relevante es la atención psicológica a las mujeres que han sido violadas.

Por último el JRS promociona entre la población de los campamentos la alfabetización, el aprendizaje de oficios y la distribución de herramientas de trabajo, con la finalidad de que les ayude a encontrar  un empleo y garantizar una fuente de ingresos estable en el tiempo.

3. Recursos

Documentos relacionados

Rompiendo los vínculos El sector minero en RD Congo Interrumpiendo el silencio Minerales en conflicto del Congo

Recursos educativos

Recursos divulgativos

Recursos para la incidencia

Documentales

Minerales en Conflicto – Enough

Las minas del Rey Leopoldo

 

Serie documental «I am Congo»

Presentación

Abogada de derechos humanos

El artista

Dinamizador comunitario

El ecologista

El activista

Organizaciones aliadas

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboraciones estratégicas