Esta semana comienza en Ginebra la 6º ronda de negociaciones del Tratado Vinculante de NNUU sobre Empresas y Derechos Humanos, que tendrá lugar del 26 al 30 de octubre. Desde ALBOAN venimos haciendo seguimiento de este proceso a través del grupo de Trabajo sobre Regulaciones Corporativas e Industrias Extractivas de CIDSE, la familia de ONG católicas por la justicia social. Como hicimos el año pasado durante la quinta ronda de negociaciones, este año publicamos una nueva contribución conjunta que será presentada esta semana a las diferentes delegaciones nacionales que participan en las reuniones del grupo de trabajo intergubernamental.

¿Por qué es necesario un instrumento vinculante de Empresas y DDHH?
Si algo ha puesto de manifiesto la pandemia de COVID-19 es la extrema interdependencia y la fragilidad de la economía global. Durante las últimas décadas la aceleración de la globalización neoliberal ha creado unas cadenas de suministro globales en donde los países compiten por atraer el capital extranjero a menudo a costa de rebajar legislaciones laborales, medioambientales y desmantelar sistemas de protección social. Esto ha generado un modelo de globalización económica que, en caso de conflicto, prioriza los derechos de las grandes corporaciones sobre los derechos de las personas, dando lugar a un acceso desigual a la justicia.

Las personas y las comunidades que sufren abusos cometidos por empresas transnacionales, por sus filiales o por sus socios comerciales a menudo están desamparadas por el derecho internacional. En el sistema actual, son ellas quienes han de retirar el “velo corporativo” identificando a la empresa causante de los daños, recabando las pruebas que demuestren su responsabilidad y, por último, llevándolas a juicio en aquella jurisdicción que pueda aceptar la demanda con éxito. Se necesita una cantidad ingente de recursos y contactos en diferentes países, de modo que los procesos pueden prolongarse durante décadas, hasta el punto en el que muchos demandantes fallecen antes de obtener algún tipo de reparación por el daño causado.

El caso de Cerrejón en La Guajira, Colombia
El departamento de La Guajira, en la Región Caribe de Colombia. alberga una de las mayores minas de carbón a cielo abierto en América Latina. La explotación corre a cargo de la empresa Carbones del Cerrejón Ltd que es propiedad conjunta de las subsidiarias de las empresas mineras internacionales BHP, Anglo American y Glencore. Una de nuestras organizaciones aliadas en Colombia, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP/PPP), lleva acompañando a las comunidades afectadas por la mina de Cerrejón desde que comenzaron a documentarse los primeros abusos, hace ya varias décadas.

Recientemente organizaron una rueda de prensa para el lanzamiento del último número de la Revista Noche y Niebla dedicado al caso Cerrejón, en la que las mujeres wayuú y afro de las comunidades locales detallan el etnocidio y el ecocidio que viven, tras 14 fallos judiciales que han ratificado la vulneración de Cerrejón y el Estado colombiano a los derechos a la vida, al agua, a la salud, la consulta previa, la seguridad alimentaria, autonomía étnica, integridad cultural y la tierra, entre otros. Toda esta violencia se agrava aún más por la criminalización, el hostigamiento y el asesinato selectivo de líderes comunitarios que se vive en el contexto colombiano, que contribuye al silenciamiento de las víctimas y la instauración de un clima de impunidad que impide documentar y denunciar públicamente la totalidad de los hechos.

Esta situación pone de manifiesto la necesidad de un Tratado Vinculante de Empresas Transnacionales y Derechos Humanos que refuerce el acceso a la justicia de las comunidades afectadas y posibilite hacer frente a la impunidad corporativa y a la inacción y la omisión de los Estados en su deber de proteger los derechos humanos.

¿Qué esperamos de estas negociaciones?
El punto de partida de las negociaciones es el “segundo borrador revisado” del tratado, publicado el pasado 6 de agosto por el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre empresas transnacionales y otras otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos. Este nuevo texto recoge las aportaciones hechas durante la última sesión de negociaciones (oct. de 2019), las contribuciones escritas presentadas en febrero y las consultas informales que tuvieron lugar en mayo y junio de este año.

En términos generales, en la contribución que publicamos con la red CIDSE destacamos la coherencia del nuevo texto con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas; así como la obligación de garantizar la compatibilidad de los acuerdos comerciales y de inversión con las convenciones sobre los derechos humanos, y otros aspectos relacionados con la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y el acceso a la justicia.

No obstante, en la contribución conjunta con CIDSE también identificamos elementos de mejora en algunos de los puntos de este borrador:

• En lo que a responsabilidad civil respecta, resaltamos la necesidad de que los Estados aprueben leyes orientadas a invertir la “carga de la prueba” de manera que recaiga en la sociedad matriz y no en las personas cuyos derechos han sido vulnerados.
• Recomendamos la inclusión explícita de los derechos medioambientales y los requisitos de diligencia debida, con sanciones administrativas en caso de vulneración.
• Aconsejamos incluir medidas específicas para asegurar que los acuerdos comerciales y de inversores no socaven la capacidad de los Estados para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos dentro y fuera de sus territorios.
• Igualmente proponemos el fortalecimiento de los acuerdos institucionales para implementar y hacer un seguimiento del Instrumento Legalmente Vinculante.
• Finalmente consideramos que sería conveniente incluir las disposiciones necesarias para que el tratado sea más inclusivo en materia de género. Así como el reemplazo del término “víctima” por “personas afectadas” o “titulares de derechos”, haciendo un reconocimiento expreso no sólo de personas y grupos, sino también de las comunidades y pueblos indígenas y tribales.

Puedes leer nuestro análisis pormenorizado de los artículos aquí.
Las negociaciones del Grupo de Trabajo Intergubernamental serán retransmitidas en el Canal de TV online de Naciones Unidas: http://webtv.un.org/

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Imagen: «UN Human Rights Council, Geneva» by United Nations Photo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0