Para poner fin a esta situación, la Organización de las Naciones Unidas aprobó, en el año 2011, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, que establecen:

• El DEBER de los Estados de PROTEGER los derechos humanos dentro de su jurisdicción.
• La OBLIGACIÓN de las Empresas de RESPETAR los derechos humanos allí donde trabajen.
• La NECESIDAD de mejorar el acceso a la REPARACIÓN de las víctimas de abusos relacionados con las empresas.

Se trata del marco de referencia global para definir las responsabilidades colectivas a la hora de “proteger, respetar y remediar” los derechos humanos. La principal novedad de este esquema es que por primera vez incluye a las empresas, y no sólo a los Estados o la comunidad internacional, como sujetos de obligaciones y responsabilidades en relación con los derechos humanos.

El principal problema que presenta el marco normativo de los Principios Rectores, no obstante, es su falta de eficacia. Al fundamentarse en una concepción voluntarista de la responsabilidad empresarial, son las propias empresas las que deciden cuándo y cómo ejercen su responsabilidad en relación con los derechos humanos. Mientras tanto, las violaciones y los crímenes vinculados a las actividades comerciales y a la opacidad de las cadenas de suministro se han seguido produciendo.

Por eso, desde la campaña Tecnología Libre de Conflicto hemos decidido sumarnos a la Alianza Global para pedir a las Naciones Unidas un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos. Los objetivos que persigue este movimiento son los siguientes: poner fin a la impunidad de las grandes empresas transnacionales; facilitar el acceso a la reparación y la justicia de las víctimas de los abusos cometidos por la acción de estas empresas y, por último, promover la transparencia y la diligencia debida de las cadenas de suministro globales. 

La Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en las Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo es el primer ejemplo de una iniciativa gubernamental y multilateral colaborativa sobre la gestión responsable de las cadenas de suministro de los minerales procedentes de las áreas de conflicto. La Guía recomienda a las empresas llevar a cabo una serie de pasos para mejorar la transparencia de sus cadenas de suministro de minerales. Se centra en cuatro minerales concretos: estaño, tantalio, tungsteno y oro. Pero sus recomendaciones son igualmente aplicables a otros minerales que también se extraen de zonas conflictivas (cobalto, uranio, etc.).

En EE.UU

La Ley de reforma de Wall Street aprobada en 2010 en Estados Unidos, también conocida como la Ley Dodd-Frank, contiene un apartado, la sección 1502, que regula el comercio de los cuatro minerales a los que hace referencia la Guía de la OCDE (tantalio, estaño, wolframio y oro). El alcance geográfico de la ley se restringe al comercio de estos cuatro minerales provenientes de la República Democrática del Congo (RDC) o sus países vecinos. Pero es obligatoria para todas las empresas estadounidenses que empleen estos minerales y coticen en bolsa.

La Dodd-Frank ha tenido un impacto positivo en varios sentidos. En primer lugar, porque ha elevado el nivel de concienciación sobre la vinculación existente entre conflicto y explotación de minerales. En segundo lugar, porque ha demostrado que las empresas pueden hacer esfuerzos razonables para mejorar la transparencia en su cadena de suministros, aunque como han señalado algunos informes, todavía quede camino por recorrer. (Informe de Amnistía y Global Witness).Y, por último, porque sobre el terreno dificulta la financiación de los grupos armados a través de las explotaciones mineras.

En Europa

Después de tres años de intensas negociaciones, el pasado marzo de 2017 la Unión Europea aprobó la Regulación 2017/821 sobre suministro responsable de minerales en conflicto. Cubre los mismos minerales que la ley estadounidense (es decir, los denominados 3TG: estaño, tantalio, tungsteno y oro), pero tiene una ventaja y es que su alcance será global: afectará a los minerales procedentes de cualquier zona en conflicto, no sólo de los que vienen de la región africana de los grandes lagos. Esto es positivo porque existen muchas otras regiones en conflicto en países como Colombia, Afganistán, Myanmar u Honduras, donde la extracción de minerales está ligada a la financiación de grupos armados y crimen organizado.

El contrapunto a esta buena noticia es que la regulación europea afectará sólo a los importadores directos de mineral. Es decir, dejará fuera de su alcance a las empresas que importan componentes electrónicos y aparatos manufacturados con dichos componentes, como sucede con los ordenadores, móviles, tablets, etc.

Por eso es necesario seguir recabando apoyos para pedir a las empresas que se sumen a las iniciativas de suministro responsable; a la UE para que implemente la legislación y las medidas de acompañamiento necesarias para mejorar su impacto sobre el terreno; y a las administraciones públicas para que introduzcan criterios de contratación responsable en sus compras de dispositivos electrónicos.

Firma y difunde nuestra petición por una Tecnología Libre de Conflicto.